En 2025, al menos 1.220 personas privadas de libertad murieron en las cárceles ecuatorianas: más de tres cada día, una cada siete horas. El hambre y la tuberculosis sin tratamiento mataron más personas que la violencia entre bandas durante los peores años de las masacres. El incremento coincide con la militarización de las prisiones ordenada por el gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024. El Estado ecuatoriano ocultó las cifras, no notificó a familias y, en varios casos, llevó cadáveres a fosas comunes sin avisar a nadie.